INFORME DEL CEMDA 2021
Por: Norma Montiel
En el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Así lo destaca la edición 2021 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que anualmente elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), así el 2021 se convierte en el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que CEMDA elaboró su primer informe.
En la presentación indicaron que dentro de los eventos de agresión que se han dado a defensores se encuentran agresiones de diversos tipos como intimidación, amenazas, hostigamiento, criminalización, desaparición forzada, violencia física e incluso homicidio, por lo cual, el número total de éstas fue de 238. Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto al año 2020.
Cabe señalar que entre los ataques por género que se han suscitado, el 50.9 % corresponde a hombres mientras que el 4. 6% corresponde a mujeres, sin embargo, en ese mismo año se dio la desaparición de una mujer defensora.
El año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del CEMDA (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017. Es así que, al menos, 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal.
Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de 8 personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales. El caso que destaca por la violencia que lo rodea es el de Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que, desde hace décadas resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde.
Durante 2021 en dicha comunidad fueron asesinados Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jiménez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.
Guerrero, Sonora y Morelos son las entidades con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero se documentaron 4 asesinatos (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia); por su parte, Sonora registró también 4 asesinatos (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia), los dos últimos pertenecientes a la nación Yaqui; y en Morelos se registraron tres homicidios (José de Jesús Sánchez García, Rodrígo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal).
El informe también resalta Agresiones por sector:
El sector con mayor número de agresiones fue el minero con 19 eventos (17.6% del total documentado). En segundo lugar, se identificó al sector hídrico con 18 (16.7%); seguido del sector de energía eléctrica con 17 (15.7%); en cuarto lugar, el sector de vías de comunicación con 14 (13%) y en quinta posición se identificó al sector forestal con 12 eventos de agresión (11.1% del total).
Es importante destacar que, en cuanto a la letalidad de los ataques, se identificó al sector de energía eléctrica en primer lugar, con un total de 8 asesinatos. Le sigue el sector forestal con 5 agresiones letales, de las cuales 2 corresponden a probables ejecuciones extrajudiciales.
En su intervención Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México reconoció el trabajo del CEMDA para la elaboración del informe el cual coincide y complementa con las estadísticas oficiales. Además, destacó el papel de las mujeres en la defensa del territorio, ya que son fundamentales para la construcción de un mundo sostenible e inclusivo de los recursos naturales. Señalo que México es un país más peligroso para las personas defensoras y que en esta administración se ha duplicado el número de personas que requieren o están adscritas al Mecanismo de protección para Periodistas y defensoras de derechos humanos ha duplicado desde el inicio de esta administración.
Enfatizó que “es necesario la elaboración de políticas públicas integrales que garanticen el trabajo de estas personas, así como reforzar el mecanismo de protección, que las investigaciones tengan siempre encuentra la hipótesis del posible vínculo entre la agresión y la labor realizada por la persona defensora del medio ambiente, y, sobre todo, debemos garantizar que los servidores públicos y autoridades se abstengan de hacer declaración estigmatizantes contra las personas defensoras y que reconozca la importancia de su labor para una sociedad democrática y por supuesto, se tienen que sancionar a los servidores públicos implicados en agresiones”.
Hay que recordar que México tiene firmado y ratificado el tratado de ESCAZÚ el cual garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
