Agradecemos esta columna al reciente integrante del proyecto Agrofaro: Eduardo Flores Quezada. Al hablar de migración del campo mexicano, nos quedamos con la imagen de las personas quienes se van a otros estados o países diferentes a su lugar de origen con el objetivo de tener mejores oportunidades laborales y así, mejorar las condiciones de vida; pero rara vez se analiza lo que ocurre con las familias o personas cercanas quienes se quedan y dependen, cada vez más, del dinero que llega desde fuera.
Las remesas se han convertido en uno de los pilares de la economía rural mexicana, al mismo tiempo que el desplazamiento forzado por violencia, lo que refleja un panorama de comunidades en disolución. Ambos procesos, ofrecen una escenario complejo de lo que atraviesa el medio rural mexicano en la actualidad.
Entender estos dos fenómenos en conjunto, permite dimensionar mejor el tipo de política pública que realmente necesita el sector rural nacional: una que combine la inclusión financiera, el enfoque transnacional y una protección efectiva frente a la violencia.
Por citar algunas cifras de hace 2 años, las remesas representaron entre el 3.5% y el 4% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), según el Banco de México. Pero de estas cifras, existen disparidades regionales enormes: en entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca, el ingreso por remesas supera el 10% de la riqueza estatal.
No es casualidad que la mayoría de estas entidades se concentren población indígena y sean consideradas regiones donde la fragmentación de la tierra y el despojo agrario golpearon con mayor intensidad.
Prácticamente el 96% de las remesas que recibe México proviene de Estados Unidos y Canadá, y alrededor del 99% se envía a través de plataformas digitales o aplicaciones bancarias. En conjunto, suman cerca de 73 mil millones de dólares anuales, una cifra que coloca a las remesas entre las principales fuentes de divisas del país, comparable en varios años con la inversión extranjera directa o los ingresos petroleros.
Casi el 60% de los hogares que reciben remesas viven en localidades de menos de 15 mil habitantes, muchas sin cobertura bancaria.
Ante esta limitante de servicios e infraestructura financiera, limita el uso que puede darse a esos ingresos monetarios: en la práctica, la mayoría de las remesas se destina al gasto corriente como la alimentación, salud, vivienda y desafortunadamente no a proyectos productivos o de inversión.
Tampoco es de pensar que toda remesa debería destinarse en inversión productiva, es importante identificar el comportamiento económico de los hogares; los estándares y niveles de vida a cualquier otro tipo de ingreso familiar.
También existen experiencias interesantes que muestran otros escenarios: en localidades de Guanajuato, por ejemplo, se han organizado fondos comunes con remesas de migrantes para financiar proyectos de desarrollo comunitario, un modelo que puede replicarse en otras regiones con alta dependencia de estos envíos.
En las zonas rurales donde el acceso a la tierra es más limitado, como en regiones de la Mixteca o del territorio Zapoteco, donde hasta el 40% del ingreso total de los hogares proviene de remesas, el destino del dinero refleja precisamente esa carencia: menos del 5% se invierte en actividades agrícolas. En cambio, alrededor del 22% se utiliza para contratar jornaleros, un 11% adicional para insumos y un 14% se destina a la compra de tierras, lo cual, paradójicamente, puede terminar reproduciendo el mismo patrón de concentración territorial que originó la migración.
Este fenómeno de la migración, desde los trabajadores braceros, e incluso antes, en el medio rural mexicano han funcionado históricamente como una fuente de mano de obra para la industria nacional, la industria internacional y otras zonas agrícolas del país. Por ende, una parte de las familias urbanas actuales desciende, de una u otra forma, de esas oleadas migratorias provenientes del campo.
Esta perspectiva histórica importa porque desmonta la idea de que la migración rural o las remesas que hoy sostienen a miles de comunidades, sean un fenómeno reciente y no lo es. Se trata de un patrón continuo estructural, en el que hoy se combina con nuevas variables: plataformas digitales de envío de dinero, comunidades que operan simultáneamente en dos países y, más recientemente, la violencia como factor adicional de expulsión.
Es interesante replantear que una parte del estudio de la planificación rural en la actualidad está centrada en unidades comunitarias pequeñas y geográficamente delimitadas, por lo que las comunidades transmigrantes son aquellas que mantienen simultáneamente un pie en el lugar de origen y otro en el destino migratorio.
Este cruce entre movilidad histórica y una dependencia económica actual ayuda a entender por qué el debate sobre la migración del campo no puede reducirse a una discusión coyuntural. Se trata de un fenómeno que atraviesa generaciones completas y que hoy adopta nuevas formas, siendo digitales, transnacionales, sin abandonar del todo su origen estructural.
A las causas estructurales relacionadas con la tierra se suma, en años recientes, un fenómeno de otra naturaleza: el desplazamiento forzado por violencia. En los últimos años, se han contabilizado alrededor de 27 mil desplazamientos internos vinculados a hechos violentos, ejemplo de ello en el Estado de Chiapas como una de las entidades más golpeadas.
Por ejemplo, la región de San Cristóbal de las Casas, históricamente asociada a otro tipo de conflictos religiosos, agrarios, y políticos, hoy enfrenta además la disputa territorial por grupos ajenos. A escala nacional, se estima que hasta 390 mil personas viven actualmente desplazadas por motivos de violencia o inseguridad.
Las remesas, las comunidades transmigrantes y el desplazamiento forzado solo han sido elementos que forman parte de un mismo soporte que conecta al medio rural mexicano con fenómenos económicos como el capitalismo y con las dinámicas de despojo territorial que lo originaron.
Para entender la migración del campo es de mayor análisis dejar fuera la dimensión histórica y política que explica por qué ocurre o sobre qué comunidades resultan más vulnerables.
Para ello, las alternativas deberán recaer en el desarrollo rural integral: reconocer el peso económico de las remesas sin idealizarlas, ampliar la infraestructura financiera en las zonas más dependientes, incorporar el enfoque en la planificación y desarrollo comunitario así como atender el desplazamiento forzado por violencia que hoy transforma el escenario rural de manera preocupante.
Reconozcamos el efecto que representan las remesas, el cual va más allá de cada persona contabilizada como desplazada, sino que hay una historia familiar concreta, una decisión difícil, una vida que se reorganiza entre dos lugares a la vez.
Las estadísticas pueden ayudar a dimensionar el problema, pero son más significativas cuando se logra asociarlas con experiencias reconocibles: un vecino, un compañero de escuela, un familiar que tuvo que salir de su comunidad de origen y que hoy sostiene, a la distancia, la economía de un hogar en el medio rural.
