El sector agropecuario en México se ha caracterizado por ser una actividad constante, sin pausas y de constante adaptación ante los sucesos de la actualidad. Muchos de nosotros desconocemos que dentro de la política nacional existe la legislatura destinada para el apoyo del sector primario.
Es importante mencionar que existe la Comisión de Agricultura, de la Sexagésima Sexta Legislatura del Senado, la cual representa una pieza fundamental para el desarrollo agropecuario mexicano, aunque su labor permanezca invisible para muchos ciudadanos.
Esta Comisión está conformada por senadores provenientes de diversos grupos partidos políticos para garantizar que las decisiones tomadas representan distintas visiones políticas y territoriales tales como: la integración de las personas productivas y trabajadoras del campo que incluyan la adopción de buenas prácticas agrícolas, el uso sostenible de recursos y la seguridad laboral; también la eficiencia productiva para asegurar la sostenibilidad agrícola mediante cadenas productivas integradas por pequeños productores, cooperativas y empresas privadas.
Como órgano burocrático, su función consiste en estudiar y elaborar propuestas de iniciativas y reformas de ley, emitir acuerdos, presentar recursos a las dependencias gubernamentales y la participación activa en la formulación y evaluación de políticas públicas del sector.
El proceso legislativo no solo destinado al sector agropecuario sino en general, contrario a lo que muchos podríamos pensamos, es un proceso meticuloso, en el que requiere un análisis profundo. Desde que un senador presenta una iniciativa ante el Pleno, hasta la exposición, el planteamiento del problema y las modificaciones jurídicas propuestas. Posteriormente, una Mesa Directiva concurre la iniciativa a la Comisión correspondiente, donde realizarán un exhaustivo estudio técnico y jurídico para asegurar que la propuesta no contravenga otras leyes existentes y que realmente beneficie al campo mexicano.
Se debe tomar en cuenta que la Comisión no trabaja de manera aislada, por una parte, solicita opiniones a las dependencias gubernamentales en materia, por otro lado, fomenta la participación ciudadana a través de foros de discusión y mesas de diálogo; estas actividades pueden involucrar desde académicos, investigadores, hasta organizaciones sociales, empresas, sistemas producto e instituciones educativas, garantizando así que las iniciativas respondan a las necesidades reales del sector.
Incluso cuando una iniciativa no es aprobada, se notifica al senador correspondiente las razones del rechazo, permitiéndole realizar las modificaciones necesarias para presentarla nuevamente. Este ciclo de retroalimentación y mejora continua es importante para delinear las propuestas legislativas a las necesidades de la población y todo ello ante un proceso de transparencia, permitiendo a cualquier ciudadano interesado dar seguimiento a los temas que le conciernen.
Parte de los objetivos que se buscan para el beneficio del campo mexicano es mantener su posicionamiento como un buen exportador de alimentos a nivel mundial. Sin embargo, existen desafíos por atender, ya que los retos actuales en cuestión de aranceles a nivel internacional, las condiciones climáticas para la producción y las condiciones de brecha que afecta a los pequeños productores, quienes han sufrido un constante abandono.
Este tipo de acciones pone de manifiesto la necesidad de diversificar el apoyo a productores y en los mercados de exportación para no depender exclusivamente del comercio estadounidense, que históricamente ha implementado prácticas comerciales desleales hacia el país.
Por ende, el papel de la Comisión de Agricultura se vuelve significativo como agente para la instrumentación de políticas públicas que busquen hacer del campo un espacio rentable y fortalecido. El trabajo legislativo en materia agropecuaria no es una tarea sencilla, sino que requiere de conocimiento técnico, jurídico y, sobre todo, un verdadero compromiso con el desarrollo del campo mexicano.
Las leyes que se abordan como pueden ser la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, entre otras, son el acercamiento normativo de difusión para determinar el rumbo del sector.
En un país donde la crítica política suele enfocarse en lo que no funciona, resulta fundamental entrever el trabajo serio y comprometido que se realizan en las comisiones legislativas. No se trata de ignorar los problemas o las deficiencias, sino también de reconocer que existen personas trabajando para que las reformas y modificaciones busquen el beneficio, en este caso del sector agropecuario.
El futuro del sector agropecuario depende, en una buena medida, de la integralidad entre los productores, las dependencias y el trabajo legislativo que apoyen un desarrollo significativo y activo en él.
