Con los recientes acontecimientos climáticos alrededor del territorio nacional, es importante reivindicar las atenciones a la población, por medio de los programas gubernamentales con la finalidad no solo de mitigar los efectos de los desastres naturales, sino también reactivar el campo mexicano y fortalecer el entorno social de las comunidades más vulnerables.
En esta nueva administración federal, los servidores públicos deben estar comprometidos y respaldando los programas gubernamentales diseñados para este propósito. Ejemplos son el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, que va más allá de actividades de campo o el emprendimiento; en su esencia, buscan transformar la relación entre las comunidades rurales y su entorno, promoviendo un desarrollo sostenible, integrando los aspectos económicos, sociales y ambientales así como implementación de sistemas agroforestales, que incluyen especies como el cacao, el hule y diversos frutales, que no solo promete diversificar las fuentes de ingreso de los agricultores, sino también restaurar ecosistemas degradados.
Por su parte, servicios de capacitaciones como el de “Comunidades de Aprendizaje Campesino”, fomentan un intercambio de conocimientos que va más allá de la capacitación técnica. Con la finalidad de que las localidades se conviertan en sitios de diálogo donde el conocimiento ancestral se vincule con técnicas modernas de cultivo, generen un modelo de desarrollo rural que respete y valorice la cultura local mientras impulsa la innovación.
Sin embargo, la implementación de los programas de apoyo no están exentos de desafíos. La necesidad de adaptar la acción a las realidades locales, superar la desconfianza inicial de algunos productores y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos, son solo algunas de las barreras que los implementadores enfrentan en el terreno; así mismo, integrar la participación entre los participantes para que exista una mayor conjunción y fines comunes, acorde a los distintos eslabones y recursos de las localidades.
Las recientes inundaciones en Entidades Federativas de nuestro país han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a los embates de la naturaleza. En este contexto, existen apoyos como el Programa de Emergencia Social y Natural, el cual es una respuesta gubernamental ante las adversidades naturales, el problema de la pobreza rural y la degradación ambiental. La labor exhaustiva por las personas responsables de ejecutar los programas, de censar casa por casa, verificando meticulosamente el grado de afectación de cada familia, incentiva el compromiso del gobierno con una distribución equitativa de la ayuda como los desafíos logísticos.
También es de resaltar las largas jornadas de trabajo, que a menudo se extienden desde las primeras horas del día hasta entrada la noche, poniendo de relieve el valor personal de muchos servidores públicos. Esta dedicación, sin embargo, encuentra limitaciones significativas como: la extensión del territorio afectado, la demarcación de recursos humanos o materiales, y la urgencia de las necesidades de la población, generando escenarios donde la eficiencia y la empatía deben ir de la mano.
La coexistencia y difusión de estos apoyos gubernamentales, ofrece una oportunidad para observar cómo los programas de desarrollo a largo plazo y las respuestas de emergencia pueden complementarse. Mientras se sientan las bases para un futuro más resiliente y sostenible, los programas de apoyo a sitios con escasos recursos abordan las necesidades inmediatas creadas por los fenómenos naturales. Sin embargo, también se exhiben desafíos en términos de coordinación y asignación de recursos.
Estas recientes experiencias, ofrecen valiosas lecciones para la implementación de acciones sociales en contextos de alta vulnerabilidad. La necesidad de que sean más flexibles en el diseño de los programas, la importancia de la participación comunitaria en todas las etapas de implementación, y el valor de integrar el conocimiento local con los entornos son aprendizajes que pueden y deben informar futuras intervenciones en otras regiones del país.
En este sentido, es importante fomentar una mayor colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, el sector público, privado y las instituciones. Solo a través de un esfuerzo concertado, se podrán desarrollar soluciones optimas y sostenibles que aborden las raíces de la vulnerabilidad en comunidades.
Asimismo, la situación pone de relieve la urgencia de abordar de manera más decidida los desafíos del cambio climático y la planificación urbana sostenible. Las inundaciones recurrentes o las altas temperaturas no son solo un fenómeno natural, sino el resultado de décadas de decisiones en materia de uso del suelo y gestión hídrica que han aumentado la vulnerabilidad del país y en el mundo.
Es importante plantear, planificar y equilibrar las necesidades urgentes con las inversiones a largo plazo necesarias para prevenir futuros escenarios climáticos.
